Hay 146 provincias y más de 1.740 distritos que aún no han fijado legalmente sus fronteras. Según la PCM, recién en el 2020 el Perú estaría totalmente delimitado de acuerdo con la ley.

El distrito de Ituata, al suroeste de la provincia puneña de Carabaya, vivió décadas de cordial convivencia limítrofe con Ayapata, su par colindante. Entre ellas, se ubicaban diez kilómetros en silente disputa. Hasta que el oro apareció. Hace tres años, el Ministerio de Energía y Minas estableció la zonificación del área y se dio una decena de concesiones mineras en Lucumayo, Chacallaje y parte de Winchumayo. Los límites entre Ituata y Ayapata pasaron de ser de un tema irrelevante a motivo de conflicto entre dos pueblos.

Sin embargo, estos diez kilómetros son solo una pequeña pieza del gran rompecabezas que desde el 2002 se propuso armar la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según esta entidad y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el 95% del territorio nacional cuenta solo con límites referenciales, y el otro 5%, aunque cuenta con leyes que estipulan sus límites, no han sido verificadas en el campo. Es decir, de los 1.834 distritos y 195 provincias que hay, más de 1.740 y 146 respectivamente no han cerrado sus fronteras.

PROBLEMA BICENTENARIO
El dilema limítrofe se inicia con la creación de la República, en 1821. “Empezaron a formarse departamentos, provincias y distritos. Cuando estas se creaban por ley, no se estipulaban los límites o se usaban referencias como haciendas y molinos que ya no existen”, señala Omar Landeo, director de la unidad encargada de la PCM. El general EP Carlos Tafur, director general del IGN, añade que la cartografía de la época tampoco colaboraba con estas definiciones. “Con el boom económico que implican los recursos empezaron los problemas”, dice.

Ante una falta de límites claros, los entes públicos usan como base oficial los mapas del IGN y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para sus proyectos. Sin embargo, el mapa que utiliza el IGN muestra incongruencias con el del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). “Hemos empezado una unificación cartográfica para solucionar este problema”, señala Landeo.

Mientras tanto, el proceso de saneamiento de límites en todo el país continúa. Tras siete años de trabajo, solo son 53 provincias en las que ya se ha realizado un diagnóstico y 16 de ellas ya tienen listo un expediente para presentarse en el Congreso, además de 33 de ellas en proceso (explicado en la infografía). Según la misma PCM, aún faltan 146 provincias por delimitar y según la Ley de Demarcación Territorial 27795, emitida en el 2002, el plazo para finalizar este trabajo sería en diciembre del 2011. “Creemos que tendremos todos los departamentos saneados en el 2020, pero tenemos una capacidad logística limitada”, indica Landeo. En su unidad solo trabajan 10 técnicos que deben cubrir un plan anual de 30 provincias.

SALIDAS EN DISCUSIÓN
¿Pero qué tan importante puede ser la demarcación oficial si hemos vivido 200 años sin ella? “No tener un territorio demarcado es no contar con desarrollo”, dice el ingeniero Alfonso Valverde, director de la Escuela de Ingeniería Geográfica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. “Las inversiones en zonas en conflicto, donde generalmente hay recursos importantes, no se darían con seguridad ante el peligro de un conflicto. Incluso las municipalidades no pueden planear bien su distribución con este problema”, agrega. Valverde opina que los gobiernos regionales son los responsables de este retraso.

Para Landeo, esto va más allá de un tema de límites. “El país está irracionalmente dividido”, afirma. “El fin de esta demarcación es poder crear macrorregiones que nos ayuden a reorganizar el Estado. Esto solucionaría también estos conflictos, porque habría una equidad en la repartición de recursos. Por eso estamos alentando la fusión de distritos, donde recibirían hasta cuatro veces los ingresos del Foncomún”, resalta.

El camino es largo. La falta de consenso entre las partes que buscan delimitar sus distritos es indispensable para agilizar el proceso de saneamiento. “Hemos propuesto al Congreso que se cree la figura del arbitraje territorial interno. Las partes podrían elegir un arbitro en común o se podría poner el caso en un tribunal arbitral, como el centro de conciliación de la Universidad Católica o del Colegio de Ingenieros”, manifiesta.

Fuente: ElComercio.com.pe